Comunicado de la Unión de toreros ante la desatención de las ayudas

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El Real Decreto Ley 17/2020, de 5 de mayo, establece una prestación extraordinaria por desempleo a “aquellos trabajadores que, como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, no puedan continuar realizando la actividad laboral que dio lugar a su inclusión en el Régimen General como artistas en espectáculos públicos”.

Los toreros tenemos reconocida legalmente la condición de Artistas, tal como recoge el artículo 1.3 del Real Decreto 1435/1985 de 1 de agosto, y confirma una reiteradísima jurisprudencia. Sin embargo, las solicitudes de prestación formalizadas por profesionales taurinos, en sus distintas categorías, están siendo sistemáticamente desestimadas por el SEPE, desde donde, siguiendo instrucciones superiores, nos niegan la condición de artistas en espectáculos públicos, o establecen requisitos que hacen absolutamente inviable la prestación para la mayoría del colectivo.

El sector taurino ha permanecido paciente ante la tardanza en la aprobación de ayudas para un colectivo en el que, por el sistema de contratación con multitud de empresas y para actuaciones aisladas, no había lugar a prestaciones derivadas de los ERTE. Hemos sido comprensivos, como no podía ser de otro modo, con las prioridades resultantes de las urgencias sanitarias y sociales derivadas del COVID-19. Desde el Ministerio de Cultura se nos prometió igualdad de trato con respecto al resto de trabajadores e industrias del sector cultural. Pues bien, una vez que ha llegado el turno de las ayudas a las industrias culturales y a los artistas, la Tauromaquia y sus protagonistas han vuelto a ser deliberadamente excluidos. La misma Tauromaquia que ingresa anualmente a las Administraciones Públicas ingentes cantidades de dinero en concepto de IVA, cánones de explotación de plazas y cotizaciones sociales, y que es el segundo espectáculo de masas sólo por detrás del fútbol.

En el toreo, como en cualquier otro sector, hay quienes disfrutan de una cómoda situación económica ganada a pulso por méritos artísticos y profesionales. Pero junto a ellos, hay un 99% de profesionales matadores, novilleros, rejoneadores, picadores, banderilleros y mozos de espadas, que viven del salario de cada día de actuación, y que llevan meses sin ingreso alguno con el que atender al sustento familiar. Es a ellos y a sus familias a quienes este Gobierno está discriminando y a quien no parece tener remilgos en “dejar atrás”. Y son ellos, y todos aquellos cuya vida gira en torno al mundo del toro, quienes habrán de meditar qué papeleta depositan en la próxima urna que se les ponga delante. En la Tauromaquia siempre concurrieron múltiples sensibilidades políticas y sociales; hemos soportado ser moneda de cambio político para satisfacer exigencias de secesionistas y autoproclamados animalistas; nos han discriminado como sector artístico, ecológico, ganadero y como industria cultural. Quizá haya llegado el momento de posicionarnos frente a quienes nos niegan el derecho a existir.

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