La injusticia ataviada con los pulcros ropajes de la corrección legal. La ley violentada por los cascaciruelas de la política, por los golfos que han seguido manteniendo vigente la máxima de “quien hizo la ley, hizo la trampa”, acuñada por el devenir histórico de manera indeleble entre las verdades negativas insertas en el refranero.
Concédanme esta forma abstracta de definir lo que el Gobierno ha llevado a cabo para negar las ayudas que habrían de beneficiar a los profesionales del toreo a consecuencia de la pandemia originada por el COVID-19, y que a continuación pasaré a concretar.
Trataré de resumir todo lo posible el asunto. Resulta que la Ley General de la Seguridad Social distingue entre “artistas” y “profesionales taurinos”, a los que dedica dos artículos –Art.10, para los primeros, y 11, para los segundos– diferentes; distinción que también hace el Estatuto de los Trabajadores.
Amparándose en esta distinción, ¿qué hace el Gobierno? Muy sencillo, pone a funcionar su picaresca –que para eso son muy “listos”– y en el Real Decreto Ley 17/2020, por el que se regula la concesión de estas ayudas, incluye a los “artistas” pero omite la mínima referencia a los “profesionales taurinos”, a quienes, de esta forma tan artera como sibilina, deja fuera de juego en una discriminación que convierte a los profesionales del toreo en españoles de segunda, negándoles de facto unas ayudas a las que, como trabajadores adscritos al Ministerio de Cultura, tienen todo el derecho.
Habrá quien, concediendo el beneficio de la duda, pueda pensar en un error inintencionado por parte de los que elaboraron el decreto, pero me es imposible creer que los servicios jurídicos del Estado puedan caer en esos yerros de colegial, máxime, cuando, encima, tenemos toda una experiencia con el maltrato dado a la fiesta brava por quienes hoy ostentan el poder, y algo mucho más definitivo: su ausencia total de voluntad para enmendar el fallo, haciendo las modificaciones pertinentes para que el sector taurino quede incluido en el Decreto.
Así las cosas, el Gobierno, sacudiéndose las pulgas según su costumbre, deja que sean los SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) quienes interpreten a su arbitrio si los toreros, como artistas que son, quedan dentro o fuera de las personas acogidas por dicho decreto, lo cual no deja de resultar llamativo cuando este organismo depende directamente del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Aparentemente, para salir al paso del atropello, lo suyo hubiera sido impugnar el RDL 17/2020, pero hoy ya no es posible por quedar dicha impugnación fuera de plazo. Sin embargo, no ha sido preciso hacerlo, porque la distinción entre “artistas” y “profesionales taurinos” ya había sido superada –y este es otro as en la manga del tramposo Gobierno– por el Real Decreto 1435/1985, según el cual se incluyen como “artistas de espectáculos públicos” a los profesionales, con un régimen común y ordinario en Seguridad Social.
Vean si no lo que dicho decreto dice textualmente en el punto tercero de su artículo 1: “Quedan incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto todas las relaciones establecidas para la ejecución de actividades artísticas, en los términos descritos en el apartado anterior, desarrolladas directamente ante el público o destinadas a la grabación de cualquier tipo para su difusión entre el mismo, en medios como el teatro, cine, radiodifusión, televisión, plazas de toros (el subrayado es mío), instalaciones deportivas, circo, salas de fiesta, discotecas, y, en general, cualquier local destinado habitual o accidentalmente a espectáculos públicos, o a actuaciones de tipo artístico o de exhibición.»
¿Más claro lo quieren? Queda dicho: son artistas de espectáculos públicos todos aquellos que tengan relaciones laborales establecidas, entre otras, en plazas de toros. Por lo tanto, no cabe ya establecer ninguna distinción entre “artistas” a secas y “profesionales taurinos”. Desde agosto de 1985, un RD los aglutina a todos, así que no cabe la negativa de prestaciones a los profesionales del toreo. Y eso lo sabía el Gobierno. Y eso deberían saberlo los directores provinciales del SEPE que están negando a los profesionales taurinos las citadas prestaciones. De hecho, en algunos sitios las estaban concediendo y ahora exigen su devolución. Alguien está imponiendo su criterio; pero, al final, todos tendrán que reconocer que nos asiste la ley y habrán de claudicar concediendo al toreo lo que es suyo.
Sin embargo, mientras tanto, ¿qué pasa? Mientras que el ministro Uribes y la ministra Yolanda comen y viven bien y todos los funcionarios se conceden algún caprichito con su paga extra, ¿qué es de los trabajadores que han visto paralizada su actividad y reducen sus ingresos de toda la temporada a cero euros? ¿Cómo comen? ¿Cómo visten? ¿Cómo viven? ¿Acaso han perdido todos sus derechos por ser taurinos y estar gobernados por una ralea de incultos e ignorantes que no ven más allá de sus intereses ni conocen más mundo que el que ellos conciben a desprecio de todo lo que se ha venido haciendo hasta ahora? ¿Todo estaba mal? Para los creyentes, ¿se equivocó Dios al hacer el mundo? Para los ateos, ¿tan mal lo hizo la Naturaleza? ¿Creen estos nuevos inquisidores que a golpe de censuras y prohibiciones se arregla todo? Ya pretenden eliminar hasta el pasado, ficción incluida, como hace poco ocurría con el film “Lo que el viento se llevó”, suprimido de la cartelería por la plataforma HBO. ¿Se imaginan qué mundo tan escuálido, tan pequeño, tan ralo, tan carente de matices íbamos a sufrir si estos beatos de la intolerancia se salieran con la suya?…
No quiero desviarme de la cuestión. Mientras unos sacan fruto de sus triquiñuelas legales con tal de hacerles la vida imposible a los trabajadores del toreo, éstos ven cómo pasan los días, las semanas, los meses, sin un ingreso que les permita coger aire y salir de la asfixia. Esto no debemos olvidarlo. Tampoco aquellos que tienen la responsabilidad de emprender cuanto antes las acciones legales necesarias que hagan posible revertir esta injusta situación.
Y hay que hacerlo para ayer, porque mañana es tarde.
Artículo de Santi Ortiz
